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Pese al título, el objetivo de este artículo no es defender a los bancos y cajas de ahorros sino hacer notar que la culpa de todo lo que está pasando con la venta de deuda subordinada y preferentes no es toda suya, o más bien, ni siquiera la mayor parte de la culpa es suya. El principal problema es del sistema regulatorio bancario, del cual, los bancos no tienen más responsabilidad que el de tratar de sacarle el máximo provecho posible.

Para explicar esto, primero un breve inciso. Cuando un banco entra en quiebra o sufre una crisis que le impide afrontar sus compromisos con los clientes (algo muy común últimamente), éste es, básicamente, el orden en que los particulares pueden recuperar su dinero: (1) Quienes tengan depósitos en el banco (los cuales, además, cuentan con una garantía de sus depósitos de hasta 100.000€ por depositante); (2) Acreedores en general; (3) Tenedores de deuda subordinada (4) Propietarios de participaciones preferentes; (5) Accionistas. A esto hay que sumarle el hecho de las ineludibles ventajas para los bancos  de ofrecer preferentes y deuda subordinada que amén de otras, se reducen al hecho de su prioridad de devolución baja, interés fijo (y fiscalmente deducible), no necesidad de aportar más dinero al Fondo de Garantía de Depósitos e imposibilidad de los particulares de reclamar su dinero hasta el final del plazo que marca el contrato (plazos largos en caso de las subordinadas y a perpetuidad en las preferentes). Esto hace de estos mecanismos una fuente muy atractiva para los bancos de conseguir capital.

El problema llega cuando los intereses de los bancos se alinean con los de sus controladores y reguladores. Pongámonos por un momento en la posición del Banco de España. Tengo un fondo de garantía de depósitos y un fondo de rescate bancario que, por supuesto, no quiero agotar ni llevarlos a la bancarrota. Por otra parte, sé que los bancos están ofreciendo preferentes (lo que quiera que sea eso) y subordinadas a sus clientes como si fueran contratos de depósito normales y corrientes. Sé que muchos de estos bancos están infracapitalizados y en una situación de crisis o de concurso de facto. Y también sé que si los particulares invierten sus ahorros en forma de depósitos tendré que responder de estos depósitos hasta 100.000 por depositante, y que sin embargo, si lo hacen en forma de subordinadas y preferentes, son ellos (y no yo) los que responden en caso de quiebra del banco, por ejemplo, obligándoles a aceptar una quita del 75% o directamente perdiendo todo su dinero. ¿Qué hacer? Mirar para otro lado… después de todo, yo estoy aquí para salvar el sistema bancario, no a los ahorradores particulares.

Otro ejemplo de los efectos perversos que el marco jurídico bancario y su estructura regulatoria tienen sobre el sistema financiero son el fondo de garantía de depósitos (FGD) y el fondo de rescate bancario (FROB). Pongámonos ahora en la perspectiva de los ahorradores. Éstos ante la decisión de dónde invertir su dinero, y ya que sus depósitos están garantizados al 100%, no se preocuparán (o  no tanto)  de estudiar la viabilidad del banco, depositarán sus ahorros dónde más rentabilidad obtengan reduciendo así los incentivos que particulares y analistas tendrían a monitorizar las actividades de los bancos ante el temor a perder sus depósitos. De la misma forma, el FGD inhibe la disciplina de mercado reduciendo las tasas de interés que, de otra forma, los bancos con políticas más arriesgadas y en peor situación económica tendrían que pagar para atraer y retener depósitos. Ni tampoco se preocuparán éstos de mantener su consideración de “bancos seguros” a ojos de los inversores.

Ahora cambiemos a la perspectiva del banco. Para esto introduzcamos brevemente un concepto económico básico y muy intuitivo, la teoría del riesgo moral aplicándolo al caso concreto. Si tú estás completamente asegurado contra un particular riesgo, no tienes por qué temer ningún daño económico si el riesgo se convierte en realidad. O, dicho de otra forma, si tú ya no temes un daño, ya no tendrás ningún incentivo para tomar precauciones contra él. Si transladamos esto a la política que siguen los bancos, se traduce en que cuanto más arriesgado sea el portfolio de inversión de un banco, más rentable será (a mayor riesgo mayor rentabilidad). Es más, sería bastante estúpido por parte de un banco llevar a cabo inversiones más seguras si éstas ofrecen menos rentabilidad, cuando sé que existen en el mercado alternativas de inversión más arriesgadas (y por ende más rentables), y a la vez sé que no soy yo quien soporto los riesgos inherentes a tal inversión (el riesgo lo soporta el fondo en su conjunto, por tanto, se podría decir que cuanto más saneado esté el banco, mayor proporción del riesgo soporta). SI la inversión sale bien, multiplico mis beneficios; si sale mal, bueno, tengo un seguro, y un fondo de rescate que impedirá que caiga pase lo que pase.  En este caso, pues, la avaricia no rompe el saco; o, al menos, no para los bancos.

La conclusión final de todo esto es fácil de deducir. Los bancos tenderán a seguir políticas e inversiones más y más arriesgadas (con el peligro que eso conlleva, no para ellos, pero para la sociedad) y a tratar de sacar toda la punta al marco jurídico para conseguir los máximos beneficios (lógico). Los reguladores y controladores bancarios por su parte, si no sus cómplices, serán quienes induzcan estas políticas y quienes miren a otro lado cuando se produzcan prácticas abusivas. Siendo, finalmente, los particulares los únicos que soporten el riesgo y las consecuencias de todo un sistema que sufre males endémicos, a los que añadir los coyunturales de la situación actual de crisis.

Vicente & Matanza Abogados-Asesores:

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